Según revela el cable 38881 de Wikileaks (fechado el 19 de agosto de 2005) los embajadores de Estados Unidos y Canadá en Perú se reunieron el 11 de agosto de 2005 con representantes de la multinacional estadounidense Newmont, la Anglo American Quevalleco, la australiana BHP Billiton, la canadiense Barrick, la empresa Antamina*, el encargado de negocios Suizo, el nuevo cónsul general australiano y el oficial de la embajada Británica para Inversiones y Comercio.
El motivo de la reunión: tomar medidas contra las ONG y los sectores que se oponen a la minería, a pocos días de que se registraran graves incidentes en la mina Majaz.
Explotada por la anglochina Monterrico Metals, la mina Majaz fue escenario entre el 1ero y el 3 de agosto de 2005 de la tortura de 29 personas y el asesinato de un campesino a manos de agentes de seguridad; por lo cual un tribunal británico ordenó, en 2009, congelar 5 millones de libras de la empresa para compensar a las víctimas.
En su momento, los representantes de las multinacionales mineras y los embajadores de EEUU y Canadá en Perú temieron que la protesta contra Majaz afectara los intereses económicos de sus respectivos países. Anota el embajador de EEUU: "El objetivo de los manifestantes en Majaz es matar el proyecto mientras se encuentra en la fase de exploración antes de que, presumiblemente, un distrito electoral en favor de las minas se pueda desarrollar en la zona".
A pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Monterrico Metals, el embajador expresa en el cable la voluntad de reforzar la seguridad de las minas, evitar el cierre de carreteras por parte de los manifestantes y procurar que éstos sean procesados.
Según el cable, el representante de la empresa Quevalleco dirigió sus dardos contra las ONG Oxfam, América y Amigos de la tierra. El representante de Antamina recomendó se gestionara ante el gobierno y la Iglesia la rotación de profesores y obispos contrarios a la minería. Y en general trató de relacionarse a los antimineros con grupos radicales y de narcotraficantes.
José de Echave, director ejecutivo de la ONG peruana CooperAcción, comenta: "hay evidencias de que luego de abordar los temas mencionados varios de los presentes pasaron a la acción: allí está el operativo contra el sacerdote Marco Arana, las grabaciones de conversaciones y correos de funcionarios de las ONG, el comportamiento parcializado de ministros, las campañas en medios de comunicación del gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, los maestros hostilizados y rotados de sus puestos, los cientos de dirigentes judicializados las leyes de criminalización de la protesta y un largo etcétera".
José de Echave añade: "La información difundida confirma que estos señores se sienten los dueños del Perú. Además, los cables revelan con crudeza la estrategia central que despliegan las empresas para enfrentar los conflictos: el objetivo es sacar del camino a los actores incómodos".
Para llevar a cabo estas acciones, los embajadores y representantes de las empresas contaban con la ayuda de un alto miembro del gobierno peruano. Escribe el embajador de EEUU : "Un grupo de representantes de los países (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia, Suiza, Sudáfrica) están dispuestos a reunirse con el partido de gobierno, la Iglesia Católica y líderes de partidos políticos. Con el nombramiento del nuevo primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, tenemos un aliado influyente en el gobierno que está dispuesto a abordar el tema de la ilegalidad en las comunidades mineras. Son alentadoras sus recientes declaraciones acerca de poner la casa de gobierno en orden, estableciendo el control de los caminos donde transita el comercio".
Del cable se concluye que los representantes de las multinacionales y los embajadores negociaron en secreto con fichas favorables del gobierno peruano las políticas mineras. Esto a espaldas del pueblo, a pesar, repito, de las evidentes y gravísimas violaciones de derechos humanos. Son tantos los millones de dólares en juego que embajadores y empresas no dudan en manipular los hilos de nuestros países, como en tiempos de las compañías bananeras. Injerencia que constituye un insulto a la democracia, al medio ambiente y la vida humana.
Es bastante probable que esta dinámica se repita en otros países latinoamericanos y debería ponernos en aviso.
*La empresa Antamina está conformada por la australiana BHP Billiton (33.75%), la suiza Xstrata (33.75%), la canadiense Teck (22.5%) y la japonesa Mitsubishi Corporation (10%).
Fuentes:
The Guardian: US embassy cables: Mining companies worried about security.
The Guardian: US embassy cables: Peru rocked by violent anti-mining protests.
El Comercio: Wikileaks: PPK fue "fundamental" para frenar a opositores a minería.
Correo: WikiLeaks: PPK fue fundamental contra antimineros.
La Republica: Wikileaks: Culpan a Iglesia, ONG y partidos de izquierda en caso Majaz.
La Republica: Wikileaks: EE.UU. consideró a PPK un aliado fundamental en temas de minería.
Listas de las empresas mineras que operan en Perú: Universidad Perú e Infomine.
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