miércoles, 16 de febrero de 2011



!que no se repita la historia!

Gran marcha contra Greystar
el 25 de febrero en
Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Bogotá y Montreal


Se convoca a los habitantes de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta a marchar en contra del proyecto minero de Greystar y en defensa del agua del páramo de Santurbán. La cita es el viernes 25 de febrero a las 2:30 p.m. en la Puerta del Sol sobre la carrera 27. El cortejo saldrá a las 3 p.m., recorrerá la carrera 27 en sentido sur-norte y bajará por la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán.

El 25 de febrero, también habrá manifestaciones en Cúcuta (reunión a las 8 a.m. en el parque Simón Bolívar), Pamplona (reunion a las 6 p.m. en el parque Agueda Gallardo), Bogotá (reunion a las 11 a.m. frente al Ministerio del Medio Ambiente en la calle 37 con carrera 13) y Montreal (a las 12 frente al consulado colombiano en el 1010 Sherbrooke st. west).

Lo que ocurra en Bucaramanga sentará un precedente en lo que concierne a los proyectos mineros que amenazan a otras poblaciones del país. Usted puede contribuir asistiendo a las manifestaciones, firmando la petición, enviando una carta al ministerio, llamando la atención de la prensa internacional, sumándose a los grupos de apoyo en las redes sociales, concientizando a familiares y amigos, o por cualquier otro medio pacífico que esté a su alcance.


Exigencias:

1. Convertir el costado santandereano del páramo de Santurbán en una reserva, para garantizar el acceso al agua de las generaciones futuras, como ya han hecho en Norte de Santander con su porción del páramo, declarada desde 2008 Parque Natural Regional de Sisavita.
2.
Que no se otorgue ninguna concesión minera sin realizar antes un riguroso estudio ambiental.
3.
Que no se otorgue ninguna concesión minera sin antes haber consultado a las poblaciones locales que serían afectadas.
4.
Hacer efectiva la prohibición de la minería en páramos, humedales, reservas forestales y parques naturales, en aplicación de la ley 1382 de 2010.
5.
Que se aplique de una vez por todas el principio de precaución consignado en la ley 99 de 1993, y el "derecho a gozar de un ambiente sano" que consagra el capítulo 3 de la Constitución Nacional.
6.
Que se procese a los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que, al eludir sus responsabilidades, hayan incurrido en el delito de prevaricato.
7.
Que no se aprueben proyectos mineros en zonas donde haya especies endémicas en peligro, como es el caso del oso de anteojos en el páramo de Santurbán.
8.
Prohibir la minería a cielo abierto y regular el empleo de sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.
9.
Que las decimonónicas y contaminantes "locomotoras de desarrollo", como las ha llamado el presidente Santos, sean remplazadas por “trenes eléctricos”. Con esta figura quiero decir que se invierta en energías renovables (en lugar de hundir al país en la dependencia del petróleo, el gas, el carbón y la minería) y que a la noción de desarrollo se añada la de sostenibilidad.
10.
Que no se aprueben proyectos extractivos que vulneren la supervivencia de los pueblos indígenas.
11.
Que se revoquen inmediatamente las concesiones de las multinacionales involucradas en violaciones de derechos humanos, como es el caso de AngloGold Ashanti y Drummond Company. Que el respeto de los derechos humanos sea un imperativo. Es lo mínimo que se puede pedir en cualquier país que se diga civilizado.
12.
Que se mejoren las condiciones salariales y de seguridad de los mineros.
13.
Que se aumenten significativamente los impuestos y las regalías que deben pagar las multinacionales. De otra manera la inversión extranjera no será provechosa para todo el país, sino sólo para los pocos que reciben coimas y comisiones.
14.
Que se capacite a los mineros artesanales en el respeto del medio ambiente, en lugar de destruir este sector para entregarle los yacimientos a las multinacionales mineras.

15. Que se apoyen, financien y promuevan los proyectos de agricultura biológica, minería verde, ecoturismo y demás proyectos campesinos que aseguren el respeto del medio ambiente y el sustento de las comunidades locales.

Por lo demás, los invitamos
a que consulten el texto en construcción "¿Qué sabemos de Greystar Resources Ltd?" y las otras entradas de este blog sobre minería.


Links:

-Grupo de Facebook: amigos y defensores del nudo o páramo de Santurbán.

-Imprescindible leer los documentos en pdf de la página Salvemos el agua, salvemos la vida, especialmente los titulados: "Usta informe visita greystar mayo 2010" y "presentación defensa páramo Santurbán".

-Edición del Periódico 15 sobre la minería del oro.

-Artículo de Semana: "La última fiebre de California".

-Vídeos de RCN, Caracol, Canal El Tiempo , UNE y CM& sobre el páramo de Santurbán.

martes, 8 de febrero de 2011


(partes 1, 2, 3)

¿Qué sabemos de Eco Oro Corporation (antes llamada Greystar Resources Ltd.)?




Información general
Sabemos que la compañía está radicada en Vancouver (Canadá) y que posee una oficina en Bucaramanga (Colombia). Sabemos de su presencia en los municipios de Vetas y California desde 1994. En los últimos 16 años ha adquirido 30 mil hectáreas y realizado prospecciones sobre el terreno. Ahora está lista para explotar el yacimiento de oro del páramo de Santurbán, a 56 km al noreste de Bucaramanga. La polémica surge toda vez que la ley 1382 de 2010 declara los parques naturales, las reservas forestales, los páramos y los humedales zonas excluidas a la minería.


Poblaciones que serían afectadas
Según la página web del IFC "Cuatro comunidades se sitúan dentro del área de influencia del proyecto: California (1800 habitantes), Vetas (1.700 habitantes) y Suratá (3.500 habitantes) en el departamento de Santander; mientras que Cucutilla (7.000 habitantes), ubicada en el Norte de Santander, puede verse afectada en un etapa posterior de expansión". A estos cálculos hay que sumarle la población que se surte del agua generada en el Páramo y que, según Fenalco, comprende "2.2 millones de personas ubicadas en los municipios que conforman las áreas metropolitanas de Bucaramanga, Cúcuta y 20 municipios más". Otro factor de riesgo a considerar para la región es el transporte terrestre de sustancias tóxicas y de explosivos.


Responsabilidad social y regalías
Aquellos que promocionan el proyecto de Greystar citan los programas de "responsabilidad social" de la empresa y la construcción de infraestructura. Considero que tales obras son responsabilidad del Estado y no de las multinacionales, tanto más cuando dichos programas se realizan a costa de la salud y el medio ambiente de las personas. ¿Por qué dar a cambio de la salud lo que nos corresponde a los ciudadanos por simple derecho?

Sabemos que la llamada "responsabilidad social" no es desinteresada. No es el medio ambiente ni la gente la prioridad de las compañías. Con las obras benéficas en la etapa de exploración se busca crear un clima favorable que no entorpezca el avance del proyecto minero. En aquellas regiones abandonadas por el Estado los regalos de las multinacionales pueden obnubilar a la población. Pero tarde o temprano, sus nuevos protectores contaminarán el agua, destruirán el medio ambiente, causarán enfermedades, conmocionarán para siempre la vida de la comunidad. Lobos con piel de oveja.

Dichos programas de "responsabilidad social" son meras limosnas en comparación con los altos márgenes de ganancia de las empresas. Mario Arango recuerda que mientras las multinacionales obtuvieron exenciones tributarias por unos 4 billones de pesos "a los colombianos de a pie se les cobra IVA, retención en la fuente, predial, valorización, renta e industria y comercio". Por su parte, el senador Robledo denuncia que las transnacionales mineras apenas pagan 3,2% en regalías, "no pagan impuesto de industria y comercio, ni el IVA y son numerosas las exenciones escandalosas". En fin, mientras en América Latina estas empresas gozan de beneficios fiscales, el gobierno australiano planea que paguen (como debería ser) 30% de impuestos para financiar el área de la salud y las pensiones. La tan cacareada "responsabilidad social" debería comenzar, pues, por pagar un monto justo en impuestos y regalías.



Fusión
Sabemos que en 1997 Greystar Resources Ltd. se fusionó con Churchill Resources Ltd., su asociada en el trabajo de prospección en Santurbán.


Secuestro de dos canadienses y retirada de Greystar entre finales de 1999 y 2003
El 24 de junio de 1998 las FARC secuestraron a Eduard Leonard, empleado de la empresa canadiense Terramundo Drilling Inc, contratada por Greystar para desempeñar labores de prospección en la zona de California. Por su liberación exigían dos millones de dólares. Leonard fue liberado el 6 de octubre, luego de que su jefe, Norbert Reinhart, se entregara en canje, llevando con él la suma de 100 mil dólares canadienses El valeroso gesto de Reinhart infringía, sin embargo, las leyes colombianas y el conducto regular ante instancias como la Fiscalía y el ejército. Finalmente, Reinhart fue liberado el 8 de enero de 1999 tras el pago de un rescate de 70 mil dólares canadienses. El dinero habría sido aportado por Greystar, pero canalizados a través de Terramundo. Según Keith Peters: "Greystar está tratando de ocultar su participación, pues no quiere ser vista como una compañía que cede ante la guerrilla". Una fuente del diario El Tiempo aseveró esta versión. La liberación de Reinhart coincidía con el inicio de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán. Irónicamente, durante los diálogos de paz las condiciones de seguridad se degradaron. Y así, en el curso de 1999 las FARC atacaron en dos oportunidades el municipio de California obligando a Greystar a retirarse de la zona hasta 2003.


Greystar y Alvaro Uribe Vélez
Para repeler la avanzada de la guerrilla, en la zona de Santurbán se desplegó la operación militar Berlín y se instaló un batallón de alta montaña. "Es el batallón Laches, que se estableció en 2003 y que, según dicen los mismos californianos, llegó a pedido y con dineros de Greystar para espantar al frente 20 de las Farc y al Claudia Isabel Escobar del Eln, que los tenían azotados"- según Cromos. La política de "seguridad democrática" del presidente Álvaro Uribe Vélez, permitió a la compañía retomar labores en 2003. Además de ofrecer mejores condiciones de seguridad para Greystar y otras multinacionales, el nuevo presidente permitió toda suerte de irregularidades. Tiene razón Manuel Rodríguez Becerra al afirmar que en la amenaza que pesa sobre el páramo de Santurbán "el gran responsable es el Gobierno Nacional. En concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que recibió el estudio de impacto ambiental, y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel Santos sigue con esa responsabilidad". Y añade: "durante los ocho años del gobierno Uribe, el Ministerio del Medio Ambiente en varios casos tomó decisiones por órdenes de la Casa de Nariño". Rodríguez también critica a Ingeominas: "No tienen ningún derecho los cientos de títulos mineros que irresponsablemente y en forma inexplicable entregó en diferentes páramos y parques nacionales del país". En este mismo sentido, Jairo Puente Bruges advierte que aquellos funcionarios del Ministerio que no cumplan con sus funciones incurren en el delito de prevaricato.


Greystar contrata seguridad privada
Cuenta Frederick Felder, vicepresidente ejecutivo de Greystar, que en 2003 "encontramos casi 300 minas antipersona en el proyecto y durante dos años y medio tuvimos que trabajar desminando con el Ministerio de Defensa". Las fuerzas militares se establecieron en la zona y, además, Greystar contrató a la empresa de seguridad Sevicol. Dichas medidas responden a las amenazas de las FARC y al secuestro de Leonard y Reinhart. Sin embargo, cabe preguntar: ¿cómo se comportarían las fuerzas de seguridad ante una eventual huelga de trabajadores, ante manifestaciones de opositores a la mina, ante la presencia de ambientalistas, ONG o periodistas que incomoden a la compañía? Eso esta por verse. Pero la experiencia de otros países nos muestra que la amalgama entre fuerzas de seguridad y multinacionales mineras ha tomado por lo general derivas represivas, cuando no ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos. Valga como ejemplo el asesinato de Adolfo Ich asociado a las canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel (Guatemala); el asesinato de Melanio García y la tortura de 29 personas en la mina Majaz (Perú); y la represión de la comunidad de Junin por parte de la canadiense Ascendant Copper (Ecuador). Como vemos no es una cuestión baladí. En Colombia, ya se han presentado violaciones de derechos humanos en relación con Drummond y AngloGold Ashanti. Es más, el representante del Secretario General de la ONU para Asuntos de Derechos Humanos y Multinacionales, John Ruggie, concluyó en 2006: "Las industrias extractivas (petróleo, gas y minería) constituyen el sector con más denuncias por abusos contra los derechos, incluido los crímenes de lesa humanidad, por lo general provocados por las fuerzas de seguridad públicas y privadas que protegen los bienes de las empresas".


¿Audiencia manipulada?
Por solicitud de los ambientalistas, el Ministerio del Medio Ambiente convocó a una audiencia pública en el municipio de California el 21 de noviembre de 2010. Días antes, los derrumbes en la vía llevaron a los solicitantes a reclamar un aplazamiento que fue denegado por el Ministerio. La mayoría no pudo llegar a California: un gran boquete en la carretera impedía el paso. Concebida para la discusión, la audiencia terminó neutralizada, transformada en escenario favorable para la empresa. Las dificultades de acceso suscitaron dudas sobre una posible manipulación. Más cuando el diario El Frente (defensor de Greystar) publicó con fecha del 24 de noviembre que uno de los ponentes, el geólogo Julio Fierro, había elogiado a la minera. En realidad, éste es uno de sus más conspicuos opositores y no pudo llegar a la audiencia. El Frente tuvo que rectificar. Finalmente, un fallo de tutela ordenó al Ministerio se convocara a una nueva audiencia "de forma tal que se ofrezca el máximo de garantías con el fin de que las personas inscritas puedan participar"; la cual se llevará a cabo el 4 de marzo de 2011 en Bucaramanga. Este episodio genera dos interrogantes: ¿está el propio Ministerio entorpeciendo la labor de los ambientalistas y favoreciendo a Greystar? ¿El gobierno local o la empresa inhabilitaron la carretera de manera deliberada o realizaron cualquier otra acción tendiente a bloquear, retrasar o impedir la llegada de los ambientalistas?






Greystar sancionada por mal manejo ambiental
El 22 de octubre de 2010 la CDMB (Corporacion de la meseta de Bucaramanga) multó a Greystar con 60 salarios mínimos por mal manejo ambiental. La empresa presentó el 29 de noviembre un recurso de reposición. Sin embargo, el 25 de enero de 2011 la CDMB reiteró la sanción por "incumplimiento del plan de manejo ambiental en la fase de exploración, infringir la normatividad ambiental, y generar nuevas afectaciones ambientales, como son: la inestabilización de taludes en el área de ejecución del proyecto, ausencia de actividades para control de la erosión y estabilización de taludes, desviación del cauce de la quebrada la Perezosa, y problemas de vertimiento y tratamiento de aguas ácidas". [Fuente] Si eso es en la fase de exploración ¿qué confianza podemos tener en Greystar a futuro, más cuando comience a emplear cianuro y explosivos?

Censurado periodista que informa sobre sanción ambiental
El 5 de noviembre de 2010 el periódico El Frente censuró la columna de Claudio Beltrán sobre la sanción impuesta a Greystar y en la cual hacía un llamado para que "salgamos a protestar a las calles, apoyemos a los dirigentes y ambientalistas que luchan por detener un exabrupto como es este proyecto minero". La jefa de redacción de El Frente respondió que no publicarían la columna "por no ser compatible con el pensamiento de la dirección del periódico". En consecuencia con sus ideas, Beltrán renunció el 9 de noviembre de 2010. El Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, advirtió que ni el "director ni el periódico han explicado a la opinión pública qué interés se antepuso en este caso a la libertad de expresión que consagra la Constitución Nacional". ¿Acaso intereses económicos? Lo cierto es que El Frente se ha convertido en el escudero de Greystar y ha tachado las críticas contra la multinacional de "campaña de desinformación". No obstante, el Frente ha adelantado su propia campaña de desinformación publicando información parcializada, censurando a Beltrán y falseando ese mismo mes, el 24 de noviembre, el testimonio del geológo Julio Fierro en el marco de la audiencia pública en California. A propósito, Fierro afirma "lo expuesto en su nota es injurioso y falta a la verdad". [Fuente]

Compañía junior
De Greystar se dice que es una compañía "junior", joven, sin pasado, sin otros proyectos que el actual en Colombia. Su vicepresidente ejecutivo, Frederick Felder, ha tratado de demarcarse de las experiencias de la minería contaminante, y propone a Greystar ante la opinión pública como una minería nueva, moderna, tecnológicamente de punta, responsable, inocua para el medio ambiente. El gobierno le ha seguido el juego emprendiéndola contra la minería artesanal y proponiendo la megaminería industrial como la salida a la crisis ambiental y social que vive Colombia. En la encrucijada actual nuestra labor es doble: debemos recomponer esa ausencia de pasado de Greystar, y anticipar escenarios posibles tras el espejismo de progreso.

Presidentes
Greystar ha tenido cuatro presidentes: David Rovig (1994-2010), Steve Kesler (2010-2011), Rafael Nieto Loaiza (de junio a julio de 2011) y Anna Stylianides (a partir de septiembre de 2011).

Rovig dirigió la compañía durante la fase de exploración, siendo reemplazado por Kesler con el fin de concretar el proyecto. Ante la oposición popular y la posterior negativa del gobierno, Kesler fue reemplazado por el colombiano Nieto Loaiza, quien 4 meses después fue reemplazado por Stylianides.

miércoles, 2 de febrero de 2011



Wikileaks revela el modus operandi de las multinacionales mineras

Según revela el cable 38881 de Wikileaks (fechado el 19 de agosto de 2005) los embajadores de Estados Unidos y Canadá en Perú se reunieron el 11 de agosto de 2005 con representantes de la multinacional estadounidense Newmont, la Anglo American Quevalleco, la australiana BHP Billiton, la canadiense Barrick, la empresa Antamina*, el encargado de negocios Suizo, el nuevo cónsul general australiano y el oficial de la embajada Británica para Inversiones y Comercio.


El motivo de la reunión: tomar medidas contra las ONG y los sectores que se oponen a la minería, a pocos días de que se registraran graves incidentes en la mina Majaz.


Explotada por la anglochina Monterrico Metals, la mina Majaz fue escenario entre el 1ero y el 3 de agosto de 2005 de la tortura de 29 personas y el asesinato de un campesino a manos de agentes de seguridad; por lo cual un tribunal británico ordenó, en 2009, congelar 5 millones de libras de la empresa para compensar a las víctimas.


En su momento, los representantes de las multinacionales mineras y los embajadores de EEUU y Canadá en Perú temieron que la protesta contra Majaz afectara los intereses económicos de sus respectivos países. Anota el embajador de EEUU: "El objetivo de los manifestantes en Majaz es matar el proyecto mientras se encuentra en la fase de exploración antes de que, presumiblemente, un distrito electoral en favor de las minas se pueda desarrollar en la zona".


A pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Monterrico Metals, el embajador expresa en el cable la voluntad de reforzar la seguridad de las minas, evitar el cierre de carreteras por parte de los manifestantes y procurar que éstos sean procesados.


Según el cable, el representante de la empresa Quevalleco dirigió sus dardos contra las ONG Oxfam, América y Amigos de la tierra. El representante de Antamina recomendó se gestionara ante el gobierno y la Iglesia la rotación de profesores y obispos contrarios a la minería. Y en general trató de relacionarse a los antimineros con grupos radicales y de narcotraficantes.


José de Echave, director ejecutivo de la ONG peruana CooperAcción, comenta: "hay evidencias de que luego de abordar los temas mencionados varios de los presentes pasaron a la acción: allí está el operativo contra el sacerdote Marco Arana, las grabaciones de conversaciones y correos de funcionarios de las ONG, el comportamiento parcializado de ministros, las campañas en medios de comunicación del gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, los maestros hostilizados y rotados de sus puestos, los cientos de dirigentes judicializados las leyes de criminalización de la protesta y un largo etcétera".


José de Echave añade: "La información difundida confirma que estos señores se sienten los dueños del Perú. Además, los cables revelan con crudeza la estrategia central que despliegan las empresas para enfrentar los conflictos: el objetivo es sacar del camino a los actores incómodos".


Para llevar a cabo estas acciones, los embajadores y representantes de las empresas contaban con la ayuda de un alto miembro del gobierno peruano. Escribe el embajador de EEUU : "Un grupo de representantes de los países (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia, Suiza, Sudáfrica) están dispuestos a reunirse con el partido de gobierno, la Iglesia Católica y líderes de partidos políticos. Con el nombramiento del nuevo primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, tenemos un aliado influyente en el gobierno que está dispuesto a abordar el tema de la ilegalidad en las comunidades mineras. Son alentadoras sus recientes declaraciones acerca de poner la casa de gobierno en orden, estableciendo el control de los caminos donde transita el comercio".


Del cable se concluye que los representantes de las multinacionales y los embajadores negociaron en secreto con fichas favorables del gobierno peruano las políticas mineras. Esto a espaldas del pueblo, a pesar, repito, de las evidentes y gravísimas violaciones de derechos humanos. Son tantos los millones de dólares en juego que embajadores y empresas no dudan en manipular los hilos de nuestros países, como en tiempos de las compañías bananeras. Injerencia que constituye un insulto a la democracia, al medio ambiente y la vida humana.


Es bastante probable que esta dinámica se repita en otros países latinoamericanos y debería ponernos en aviso.


*La empresa Antamina está conformada por la australiana BHP Billiton (33.75%), la suiza Xstrata (33.75%), la canadiense Teck (22.5%) y la japonesa Mitsubishi Corporation (10%).


Fuentes:

The Guardian: US embassy cables: Mining companies worried about security.

The Guardian: US embassy cables: Peru rocked by violent anti-mining protests.

El Comercio: Wikileaks: PPK fue "fundamental" para frenar a opositores a minería.

Correo: WikiLeaks: PPK fue fundamental contra antimineros.

La Republica: Wikileaks: Culpan a Iglesia, ONG y partidos de izquierda en caso Majaz.

La Republica: Wikileaks: EE.UU. consideró a PPK un aliado fundamental en temas de minería.

Listas de las empresas mineras que operan en Perú: Universidad Perú e Infomine.